Un programa decidió qué conductores perdían su sustento. La factura de esa decisión es de 825 millones de euros.
La autoridad neerlandesa de protección de datos ha multado a Uber con 825 millones de euros, unos 966 millones de dólares, en una resolución fechada el 17 de agosto y conocida el 21 de agosto. Entre 2020 y 2022 los sistemas de Uber suspendían automáticamente las cuentas de conductores europeos señalados por sospecha de fraude, como desvíos que inflaban la tarifa o viajes aceptados y nunca completados, y en algunos casos desactivaban de forma permanente a conductores con baja valoración de los pasajeros. Según el RGPD, una decisión que afecta de forma significativa a una persona no puede descansar solo en el software: alguien tiene que intervenir de verdad, hay que explicar al conductor qué ha pasado y debe existir una vía para impugnarlo. El regulador concluyó que Uber incumplió en esos puntos. Uber afirma que discrepa con firmeza, considera la multa desproporcionada y recurrirá, y sostiene que nunca automatizó por completo una desactivación permanente, aunque reconoce que 126 conductores europeos perdieron sus cuentas por valoración en 2021. Solo la sanción de 1.200 millones de euros a Meta en 2023 es mayor.
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