El jueves 27 de agosto de 2026 la jueza federal Rita Lin, del Distrito Norte de California, anuló la designación del Departamento de Defensa que calificaba a Anthropic de riesgo de cadena de suministro y dictó una medida cautelar permanente que impide al gobierno aplicarla, junto con la directiva que ordenaba a las agencias federales dejar de usar Claude. Lin concluyó que el gobierno tomó represalias contra Anthropic por criticar públicamente su postura contractual, violando la Primera Enmienda, y que privó a la empresa de intereses de libertad protegidos sin aviso adecuado ni una oportunidad real de responder, violando la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda. Escribió que 'la invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno'. El conflicto nació de un despliegue de Claude en sistemas clasificados por unos 200 millones de dólares: Anthropic se negó a eliminar dos restricciones contractuales —nada de armas letales totalmente autónomas, nada de vigilancia masiva interna de estadounidenses—, las negociaciones se rompieron a finales de febrero y el secretario de Defensa Pete Hegseth aplicó la etiqueta. La misma jueza ya había bloqueado las medidas de forma temporal el 26 de marzo, cuando escribió que nada en la ley aplicable respalda 'la noción orwelliana de que una empresa estadounidense pueda ser marcada como adversario potencial'. Anthropic dijo estar satisfecha con que el tribunal declarara ilegal la designación; el gobierno todavía puede apelar.